Durante años de democracia hemos construido un Estado del Bienestar sobre la base de una riqueza efímera..., un gigante con pies de barro.
Las necesidades y las carencias sociales heredadas del franquismo eran argumentos suficientes como para iniciar una transformación social que había de priorizar los derechos de ciudadanía por encima del resto de los cambios que se iban a producir.
Durante tres décadas hemos construido una red de escuelas y bibliotecas públicas que garantizan la escolarización universal y gratuita y el acceso a la cultura para todo el mundo.
Hemos construido hospitales y centros de asistencia primaria para asegurar una sanidad pública de calidad. Hemos transformado el espacio público, con plazas, parques y jardines como lugares para la relación y la convivencia. Hemos hecho vivienda pública digna para aquellos que menos posibilidades tienen. Instalamos rampas y ascensores, desarrollamos una red de transporte público propia de una sociedad moderna y avanzada, implantamos políticas de asistencia domiciliaria, de cuidado a los mayores, redes de protección social a los parados, políticas de integración de la nueva ciudadanía o ayudas para el fomento de la natalidad..., en definitiva, actuaciones, en general, para hacer mayor, más tupida y más segura, la red de protección social que evite la exclusión y el abandono de aquellas y aquellos que puedan quedar descolgados del tren del progreso.
Hemos hecho muchísimas cosas, y muy buenas, en estos 30 años. No sería justo ni razonable, negar el valor del esfuerzo y la ilusión que en todos estos años hemos puesto para mejorar la sociedad de nuestros padres.
Sin embargo, a toro pasado, deberíamos convenir en que alguna cosa no se debió hacer bien en todo este tiempo.
Seguramente errores propios de una democracia joven y por otra parte, también fallos lógicos de una democracia pensada desde la dictadura, y por lo tanto, sin experiencias previas, solo una poderosa voluntad de cambio y de justicia social.
Hicimos escuelas y hospitales públicos con los recursos que la Administración recibía de los ingresos del ladrillo.
Hemos extendido las coberturas sociales con recursos, entre otros, provinientes de impuestos que nada tienen que ver con la progresividad fiscal, como el IVA o el impuesto sobre los hidrocarburos...
Hemos trabajado, desde las administraciones, con la laxitud de los créditos bancarios, con los préstamos amables y con la connivencia de las entidades financieras que apostaban el dinero de todos en lo que ahora los expertos llaman productos tóxicos...
Y lo que es más preocupante, entre todos hemos llegado a creer que los recursos eran ilimitados y que podíamos seguir creciendo exponencialmente sin ningún problema sin darnos cuenta que la mochila del gasto social era cada vez mayor y las fuentes de donde obteníamos los recursos se iban agotando.
Poco o nada, en todo este tiempo, sobre el cambio del modelo productivo del que tanto se habla ahora.
Poco o nada en estos años, en políticas que incentivaran nuevas economías, en el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico.
Ciertamente en estos años del boom del tocho, en los que la casi certeza de beneficios rápidos y cuantiosos hacía que la inversión privada tuviese un interés nulo por las nuevas economías, era precisamente cuando desde la Administración, a la que se le debe exigir una mayor y más amplia perspectiva, se debía actuar para implantar y consolidar una nueva cultura de economía productiva... Pero ya se sabe..., el dinero fácil es siempre una tentación, incluso para la Administración y aunque sea para destinarlo a fines tan nobles y justificados como consolidar la igualdad de derechos y oportunidades y mejorar la cantidad y calidad de los servicios públicos.
Llegados a este punto, en el vestíbulo del siglo XXI, me pregunto qué podemos hacer ahora, con una tasa de paro que supera el 20% y que dispara el gasto social, con casi un millón de viviendas vacías en el mercado inmobiliario que no hay manera de vender, con un tejido empresarial endeudado y prisionero de los bancos que no tienen o no sueltan crédito o con unas administraciones públicas que ya no pueden seguir pagando los servicios que ofrecían...
¿Nos equivocamos, entonces, en la manera de generar recursos o bien en la cantidad de servicios públicos que debíamos ofrecer?
Seguramente un poco de ambas cosas...
Es evidente que con ingresos variables (aunque durante años parecieran fijos y hasta infinitos) no se debería financiar la mochila del gasto social ni pagar los servicios básicos, ni el sueldo de los trabajadores públicos..., pero también debe haber algo de verdad, y cada día que pasa estoy más convencido, en que con la mejor de las voluntades hemos asumido obligaciones que van mucho más allá de la competencia de las administraciones (locales) y de su capacidad financiera real y por ello, ahora, algunas fórmulas que se están planteando recientemente como el "co-pago" de algunos de los servicios públicos no se deben descartar de antemano.
Quizás, en adelante, deberemos trabajar para que desde las administraciones se ofrezcan los servicios justos y necesarios pero no más. O para éstos se financien con ingresos fijos y no variables, para profundizar en un auténtico cambio de modelo productivo basado en la investigación y el desarrollo tecnológico y en las economías orientadas a los servicios a las personas...
Quizás, en adelante, tendremos que ser más exigentes con nuestros governantes en la lucha contra el fraude o contra la existencia de paraisos fiscales, o por la implantación de una mayor progresividad en los tributos y una mejor redistribución de la riqueza.
Seguramente, a partir de ahora, tendremos que empezar a cambiar aquel esquema mental, que hemos ido construyendo en estos 30 años, según el cual, tener dos casas, dos o tres coches e ir de vacaciones a Santo Domingo está dentro de la normalidad...
Estamos en algo más importante que una crisis profunda. Estamos ante un cambio de ciclo, cultural y económico. Y en los cambios de ciclo conviene también cambiar de mentalidad y predisponernos para hacer las cosas de diferente manera y sobretodo de manera más equilibrada y sostenible.
Las necesidades y las carencias sociales heredadas del franquismo eran argumentos suficientes como para iniciar una transformación social que había de priorizar los derechos de ciudadanía por encima del resto de los cambios que se iban a producir.
Durante tres décadas hemos construido una red de escuelas y bibliotecas públicas que garantizan la escolarización universal y gratuita y el acceso a la cultura para todo el mundo.
Hemos construido hospitales y centros de asistencia primaria para asegurar una sanidad pública de calidad. Hemos transformado el espacio público, con plazas, parques y jardines como lugares para la relación y la convivencia. Hemos hecho vivienda pública digna para aquellos que menos posibilidades tienen. Instalamos rampas y ascensores, desarrollamos una red de transporte público propia de una sociedad moderna y avanzada, implantamos políticas de asistencia domiciliaria, de cuidado a los mayores, redes de protección social a los parados, políticas de integración de la nueva ciudadanía o ayudas para el fomento de la natalidad..., en definitiva, actuaciones, en general, para hacer mayor, más tupida y más segura, la red de protección social que evite la exclusión y el abandono de aquellas y aquellos que puedan quedar descolgados del tren del progreso.
Hemos hecho muchísimas cosas, y muy buenas, en estos 30 años. No sería justo ni razonable, negar el valor del esfuerzo y la ilusión que en todos estos años hemos puesto para mejorar la sociedad de nuestros padres.
Sin embargo, a toro pasado, deberíamos convenir en que alguna cosa no se debió hacer bien en todo este tiempo.
Seguramente errores propios de una democracia joven y por otra parte, también fallos lógicos de una democracia pensada desde la dictadura, y por lo tanto, sin experiencias previas, solo una poderosa voluntad de cambio y de justicia social.
Hicimos escuelas y hospitales públicos con los recursos que la Administración recibía de los ingresos del ladrillo.
Hemos extendido las coberturas sociales con recursos, entre otros, provinientes de impuestos que nada tienen que ver con la progresividad fiscal, como el IVA o el impuesto sobre los hidrocarburos...
Hemos trabajado, desde las administraciones, con la laxitud de los créditos bancarios, con los préstamos amables y con la connivencia de las entidades financieras que apostaban el dinero de todos en lo que ahora los expertos llaman productos tóxicos...
Y lo que es más preocupante, entre todos hemos llegado a creer que los recursos eran ilimitados y que podíamos seguir creciendo exponencialmente sin ningún problema sin darnos cuenta que la mochila del gasto social era cada vez mayor y las fuentes de donde obteníamos los recursos se iban agotando.
Poco o nada, en todo este tiempo, sobre el cambio del modelo productivo del que tanto se habla ahora.
Poco o nada en estos años, en políticas que incentivaran nuevas economías, en el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico.
Ciertamente en estos años del boom del tocho, en los que la casi certeza de beneficios rápidos y cuantiosos hacía que la inversión privada tuviese un interés nulo por las nuevas economías, era precisamente cuando desde la Administración, a la que se le debe exigir una mayor y más amplia perspectiva, se debía actuar para implantar y consolidar una nueva cultura de economía productiva... Pero ya se sabe..., el dinero fácil es siempre una tentación, incluso para la Administración y aunque sea para destinarlo a fines tan nobles y justificados como consolidar la igualdad de derechos y oportunidades y mejorar la cantidad y calidad de los servicios públicos.
Llegados a este punto, en el vestíbulo del siglo XXI, me pregunto qué podemos hacer ahora, con una tasa de paro que supera el 20% y que dispara el gasto social, con casi un millón de viviendas vacías en el mercado inmobiliario que no hay manera de vender, con un tejido empresarial endeudado y prisionero de los bancos que no tienen o no sueltan crédito o con unas administraciones públicas que ya no pueden seguir pagando los servicios que ofrecían...
¿Nos equivocamos, entonces, en la manera de generar recursos o bien en la cantidad de servicios públicos que debíamos ofrecer?
Seguramente un poco de ambas cosas...
Es evidente que con ingresos variables (aunque durante años parecieran fijos y hasta infinitos) no se debería financiar la mochila del gasto social ni pagar los servicios básicos, ni el sueldo de los trabajadores públicos..., pero también debe haber algo de verdad, y cada día que pasa estoy más convencido, en que con la mejor de las voluntades hemos asumido obligaciones que van mucho más allá de la competencia de las administraciones (locales) y de su capacidad financiera real y por ello, ahora, algunas fórmulas que se están planteando recientemente como el "co-pago" de algunos de los servicios públicos no se deben descartar de antemano.
Quizás, en adelante, deberemos trabajar para que desde las administraciones se ofrezcan los servicios justos y necesarios pero no más. O para éstos se financien con ingresos fijos y no variables, para profundizar en un auténtico cambio de modelo productivo basado en la investigación y el desarrollo tecnológico y en las economías orientadas a los servicios a las personas...
Quizás, en adelante, tendremos que ser más exigentes con nuestros governantes en la lucha contra el fraude o contra la existencia de paraisos fiscales, o por la implantación de una mayor progresividad en los tributos y una mejor redistribución de la riqueza.
Seguramente, a partir de ahora, tendremos que empezar a cambiar aquel esquema mental, que hemos ido construyendo en estos 30 años, según el cual, tener dos casas, dos o tres coches e ir de vacaciones a Santo Domingo está dentro de la normalidad...
Estamos en algo más importante que una crisis profunda. Estamos ante un cambio de ciclo, cultural y económico. Y en los cambios de ciclo conviene también cambiar de mentalidad y predisponernos para hacer las cosas de diferente manera y sobretodo de manera más equilibrada y sostenible.
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